JUICIO A ARANA, SJ. CUANTIOSA RESPONSABILIDAD ECONÓMICA AMENAZA A LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Actualizado: sep 2

El Padre jesuita Germán Arana, ex rector del seminario internacional de Comillas de los jesuitas en Madrid, España, puede estar a punto de enfrentarse a una querella criminal con reclamación de una cuantiosa cantidad por daños morales y contra la integridad física del Rvdo. Miguel Ángel Barco. En las primeras semanas tras el receso judicial de agosto de 2021 podría ser citado a juicio.

Buena lectura.

Jacques Pintor

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EN ESTA ENTRADA:
- La querella criminal interpuesta ahora por el Rvdo. Miguel Ángel Barco. ¿Inminente juicio contra Germán Arana? 
- El texto de la querella, subrayado

La querella criminal interpuesta ahora por el Rvdo. Miguel Ángel Barco. ¿Inminente juicio contra Germán Arana?

El texto de la querella subrayado

Lea y juzgue la amable lectora, el amable lector.

AL   JUZGADO   DE  PRIMERA   INSTANCIA
M A D R I D

Antecedentes: Jdo. de 1ª Instancia nº 3
Madrid
Diligencias Preliminares nº 1225/2019

            D. XX XXX XXX, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación, acreditada en los autos de las Diligencias Preliminares ut supra, de D. Miguel Ángel BARCO LÓPEZ, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO

            Que mediante este escrito presento demanda de reclamación de cantidad, en aplicación de lo dispuesto en el art. 1.902 del Código Civil, contra:

            1.- D. Germán José Francisco Javier ARANA BEORLEGUI S.J., domiciliado en Madrid, c/ XXX XXX, XX, DNI XXX, y 
            2.- como responsable civil subsidiario, contra la Compañía de Jesús, domiciliada en España en Madrid (28003), Avda. Moncloa 6, tel. 915344810, para el caso de que el demandado alegase insolvencia por efecto del voto de pobreza exigido por las Constituciones de la Compañía de Jesús (de las que aporto como doc. nº 1 el Capítulo 2º de la Parte 6ª, que trata de esta materia; fuente: 
www.raggionline.com/saggi/scritti/es/constituciones.pdf, véanse en especial los núm. 553-554 y 570-571), ya que la Compañía se compromete a hacerse cargo de todos los gastos de sus miembros.

            La demanda se basa en los siguientes

H E C H O S

            Primero. El demandado dirigió al Papa una carta acusando al demandante, sacerdote diocesano, de actos incompatibles con su ministerio sacerdotal, como tener una hija con una menor o enriquecerse con obras parroquiales, así como con graves acusaciones contra el entonces obispo de Zaragoza, Mons. Manuel Ureña (doc. nº 2), cosas todas absolutamente falsas. 
            Como resultado de la misma, fue cesado como obispo de Zaragoza D. Manuel Ureña y el denunciante recibió la comunicación que aporto como doc. nº 3, conteniendo su dimisión del estado clerical. 

            Segundo. La copia de la carta del demandado aportada como doc. nº 2 no lleva fecha ni firma (aunque sí el membrete del demandado). Al caber, por tanto, duda de la autoría de la misma, esta parte solicitó, como preparación del juicio, que se exhibiera la carta al hoy demandado para que declarara acerca de su autoría y en caso de respuesta afirmativa, sobre si la había efectivamente remitido a Roma. 
            Tramitadas las diligencias preliminares con el número ut supra, el hoy demandado se negó a responder a las preguntas planteadas alegando una serie de consideraciones que presentó por escrito (doc. nº 4). 
            Pero entre estas consideraciones, declaró, textualmente, que tiene “obligación de secreto respecto a sus relaciones con el Santo Padre”, por lo que “me está vedado divulgar, exponer, manifestar ninguna cuestión que el Santo Padre me haya confiado” (doc. nº 5). 
            De lo que se deduce: 1) que el Santo Padre le ha confiado algún cometido; 2) que este cometido es secreto, y 3) que la carta exhibida tiene alguna relación con este cometido (si no la tuviera, no habría ni obligación de secreto, ni necesidad de mencionar al Santo Padre). 
            Esto, ya de por sí, es un reconocimiento implícito de autoría. De hecho, es vox populi que el P. Germán Arana, compañero de orden del Santo Padre, con quien coincidió en Roma, es su hombre de confianza en España y su “servicio secreto”, que le tiene informado de los pormenores de la Iglesia española. 
            Pero hay más. 
            El propio P. Germán Arana envió esta carta por correo electrónico al sacerdote zaragozano P. Roberto Ferrer Sarroca. Este, a su vez, la reenvió al XXX XXX XXX XXX, quien la reenvió al Letrado que suscribe (doc. nº 6), XXX XXX. 
            Resulta, pues, que la carta en cuestión ni es tan secreta, ni su autoría tan misteriosa.

            Tercero. Lo que en la carta se dice del hoy demandante es, en su mayoría, falso de toda falsedad. Lo llama “mitómano” y “afeminado”, cuando el Letrado que suscribe, que lo conoce bien, es lo último que diría de él. Es cierto, en cambio, que el demandante colecciona ornamentos litúrgicos antiguos, salvándolos de la destrucción (y volviéndolos a poner en servicio, haciéndolos llegar a otros sacerdotes que los aprecian). Es cierto también que colaboraba en la preservación de la liturgia tradicional con el P. Mariné, muerto en olor de santidad en 2010 (y cuya caracterización en la carta, a quien retrata es al propio P. Arana).  
            Lo demás son puros infundios. El hoy demandante, en Alcalá, formaba parte, ciertamente, de la Comisión de obras diocesana, por nombramiento no de Mons. Ureña, sino de su sucesor Mons. Catalá. El cometido del P. Barco en dicha comisión no tenía nada que ver con presupuestos ni asuntos económicos sino como asesor litúrgico, ya que ostentaba también el cargo de Delegado Episcopal de Liturgia, igualmente nombrado por Mons. Catalá.
            En cuanto a la hija que pretendidamente tuvo, ciertamente hubo un escándalo, pero protagonizado por la madre de la chica, que trató de aprovechar lo ocurrido para sacarle un dinero a la Iglesia. En cambio la chica misma, Dña. XX XXX XXX, católica practicante, lo último que quería es tener la fama de haberse acostado con el cura, cosa que nunca había hecho. Dirigió una carta al Obispo, que fue contestada por el Vicario D. Florentino Rueda. Interpuso contra el Obispado una demanda de conciliación, que acabó sin avenencia. Y finalmente pidió al auténtico padre de su hija que se hiciera una prueba de ADN, de la que levantó acta notarial (aporto como docs. 7 a 10 todos estos documentos, amablemente puestos a disposición del demandante por Dña. XX). Por cierto, Dña. XXX tenía entonces 23 años, no 17 como afirma falsamente el P. Arana. 
            El demandante, durante su estancia en Épila, tenía la llave del parking del obispado (no de ningún acceso a la casa episcopal ni a ninguna de sus estancias), que le había sido confiada por su obispo, Mons. Manuel Ureña, de quien gozaba de la total confianza, y hacía uso de ella en sus viajes a Zaragoza. Cosa muy alejada de lo que se insinúa en la carta del P. Arana. 
            En cuanto al diácono pretendidamente abusado sexualmente por el hoy demandante, D. Daniel Peruga, basta con la lectura de su comunicado de prensa que aporto como doc. nº 11, que figura en los autos del PO (Derecho al honor, art. 249.1.2) nº 1207/2018, seguido ante el Jdo. de 1ª Inst. nº 48 de Barcelona.
            Adivinar el porqué de todas estas falsedades implicaría entrar en el resbaladizo terreno de los juicios de intenciones. Puede aventurarse, a título de mera hipótesis, que se trate del encono que tiene un sector de la Iglesia hacia la liturgia y la espiritualidad tradicionales (o como dicen, “preconciliares”), odio fanático que puede llevar a tratar de expulsar a quienes piensen distinto (como es el caso, justamente, del hoy demandante). Pero cualquiera que sea el caso, lo indiscutible es que en estos infundios hay dolo.
            En efecto, si realmente el hoy demandado ha conversado con tantos “sacerdotes celosos y de buen criterio” como pretende en su carta, entonces ha hecho, como mínimo, un uso selectivo de la información recibida, prestando, adrede, un oído preferente a chismes, habladurías y envidias. Porque sabiendo del escándalo habido con Dña. XXX, es inverosímil que no supiera cómo había acabado. O habiendo entrevistado, como escribe, a D. Daniel Peruga, es no menos inverosímil que no supiera que éste se había desdicho de todas sus pretendidas acusaciones. La carta al Papa está redactada con deliberado y malicioso desprecio a la verdad. 
            
            Cuarto. El daño patrimonial infligido a mi poderdante se concreta en la pérdida del estipendio sacerdotal desde la fecha de la suspensión (22 de julio de 2017) hasta el presente (sin perjuicio de su actualización hasta la ejecución de la sentencia). Este asciende a 995 euros al mes (doc. nº 12). Por 45 meses y 9 días de 2017, 2018 a 2020 enteros y 3 meses y 14 días de 2021, suman 50.512 euros.
            Además, lo ocurrido ha ocasionado a mi poder dante graves trastornos nerviosos de tipo depresivo-ansioso, según acredito mediante informe del Dr. D. XX XXX XXX, quien califica los síntomas observados de “trastorno depresivo mayor crónico en grado Moderado” (doc. nº 13), por el que aplicando por analogía el Baremo de Circulación 2021, corresponde una indemnización diaria de 54,78 euros. Desde la dimisión del estado clerical ocurrida por intervención del demandado, que agravó significativamente la dolencia que padecía el demandante, han transcurrido 1.394 días, por las que la indemnización que se reclama asciende a 76.363,32 euros.
            Sumando ambas cantidades, el total reclamado es de 126.875,32 euros.

            Quinto. La relación de causalidad entre la carta del P. Arana y la expulsión del P. Barco es fácil de establecer por eliminación. 
            En efecto, la expulsión ha sido efectuada en uso de las “facultades especiales” concedidas por el Papa a la Congregación para el Clero por Decreto del 30.01.2009, publicado en la revista “Ius Canonicum”, que transcribo en lo menester en el doc. nº 14. 
            Estas facultades autorizan a la Congregación a actuar de oficio o a petición del Ordinario de incardinación del clérigo encausado (o sea de su Obispo). Pero incluso cuando la Congregación actúa de oficio, necesariamente la tiene que haber informado alguien de lo ocurrido. Y en el Decreto se deja claro que este alguien debe ser el Obispo competente.
            El hoy demandante ha estado incardinado hasta su expulsión en la Diócesis de Alcalá de Henares (doc. nº 12). De allí fue enviado en comisión de servicios a la diócesis de Zaragoza (doc. nº 15). Al terminarse el plazo de la comisión de servicios, tuvo que darse de baja por enfermedad (cáncer) y se trasladó a Barcelona para la convalecencia, sin pedir su incardinación ni desempeñar cargo eclesiástico alguno. 
            Pues bien, la iniciativa de la expulsión no partió de ninguno de los tres obispos que tuvieron alguna relación con el hoy demandante. El Vicario de Alcalá dejó bien claro, tanto en su carta a Dña. XXX como en sus manifestaciones en el acto de conciliación, que de su obispado no había salido acusación ni queja alguna contra el P. Barco. El Arzobispo de Zaragoza hizo idéntica manifestación (doc. nº 16, que obra en los autos del ya citado procedimiento ante el Jdo. nº 48). En cuanto a Barcelona, el Vicario Judicial, Dr. Bueno Salinas, contestando a una carta del Letrado que suscribe (doc. nº 17), manifestó expresamente que la Archidiócesis de Barcelona nunca tuvo competencia en el caso del P. Barco y que la actuación del Sr. Arzobispo se limitó a comunicarle la decisión de la Congregación para el Clero, a petición de ésta (doc. nº 18). 
            Por consiguiente, excluidos los tres obispos que legalmente debían haber intervenido de ser ciertas las acusaciones, la única comunicación conocida a Roma sobre los supuestos desmanes del demandante es la que procede del demandado. Este, repito, está magníficamente relacionado en Roma y goza de la total confianza del Santo Padre, por lo que su escrito, si bien remitido por conducto informal, mereció mayor crédito, incluso, que si hubiera procedido de un Obispo por vía oficial. 
            La mejor manera de cerciorarse de ello es pedir al Juez único del Vaticano, por cooperación judicial internacional, el expediente judicial del P. Barco.

            A estos hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS  DE   DERECHO

            I.- Sobre jurisdicción, competencia y procedimiento, los arts. 5, 45, 51 y 249.2 de la LEC, debiendo decidirse la demanda en juicio ordinario, al ser su cuantía de 126.875,32 euros.

            II.- Sobre legitimación, el art. 10 de la LEC y los arts. 1709 a 1712 del Código Civil. La relación que une a un jesuita con su orden es, ciertamente, atípica, pero puede asimilarse a un mandato general de la orden a sus miembros para que ejecuten las tareas que se les encomienden, con una retribución variable que consiste en subvenir a todas sus necesidades. 

            III.- Sobre el fondo, el art. 1902 del Código Civil, por haber causado el demandado al demandante un daño patrimonial interviniendo dolo, o como mínimo, culpa grave. Y el parágrafo cuarto del art. 1903 CC en cuanto a la responsabilidad subsidiaria de la Compañía de Jesús.

            IV.- Iura novit curia.

            Por lo expuesto SUPLICO AL JUZGADO

            Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, me tenga por personado y parte en la representación que ostento, tenga por interpuesta demanda de reclamación de cantidad contra el P. Germán Arana Beorlegui S.J. y subsidiariamente, contra la Compañía de Jesús, y tras los trámites preceptivos, reciba el pleito a prueba y dicte sentencia estimatoria, condenando al demandado y al codemandado subsidiario a abonar a mi poderdante la cantidad de 126.875,32  euros, con los intereses del art. 576 LEC y con expresa condena en costas.

            En Madrid, a quince de abril de dos mil veintiuno                                 

El religioso jesuita engañó también al Juez en la vista previa de octubre de 2020. Hizo pasar el religioso en esa vista su intromisión en los asuntos del arzobispado de Zaragoza como misión encargada por el Papa Francisco. Pretendió además que la carta por la que se le juzga, que circulaba torpemente por Internet puesto que él mismo la había mandado por ese medio a sus colaboradores Amador y Ferrer, fue robada de los archivos del arzobispado.

EN RESUMEN, PRETENDÍA ARANA EN ESA VISTA:
- El jesuita Arana pretende que su complot contra el anterior arzobispo Don Manuel Ureña tiene la categoría de Sagrada Misión, parece admitir explícitamente en su propia contestación al Juez que el Papa Francisco ordenó el espionaje en el arzobispado de Zaragoza; pretende ante el Juez que su carta contra el arzobispo de Zaragoza mandada al Vaticano pertenece al arzobispo mismo expulsado y a sus archivos episcopales, contra el que Arana mismo conspiraba, y que fue robada. Y lo contábamos en esta Entrada que mostramos abajo,

GERMÁN ARANA (10) SALE DEL JUZGADO EL JESUITA QUE LLAMABA MARICÓN A CURAS Y OBISPOS


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- CASO ARANA - LOS OBISPOS ESPAÑOLES EN MANOS DE ARANA Y OMELLA
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