Obispo Satué, Criminal. "En el Supremo Creemos que Chema es Inocente": Juez Marchena a Benigno Blanco

Chema Martínez, ex profesor del colegio Gaztelueta en Leioa, Bilbao, España

Cuando me preguntan: «¿Por qué la Iglesia católica?», la respuesta capital, aunque resulte un poco elíptica, es «para liberarme de mis pecados», ya que no existe ninguna otra religión que realmente pueda librar a la persona de sus pecados.

GILBERT KEITH CHESTERTON

NOTA: Este contenido, central en nuestra investigación, está publicado en el libro de nuestro compañero Jordi Picazo, "Operación Opus Dei, enlazado en esta página.

"En el Supremo creemos que Chema Martínez es inocente". Así, sin matices, se lo confió el juez Manuel Marchena —presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo español— a Benigno Blanco, en una conversación privada. No fue una declaración oficial, pero sí un reflejo claro del ambiente que se respira entre bambalinas del más alto tribunal del Reino de España: la convicción creciente de que Chema Martínez, exprofesor del colegio Gaztelueta y miembro del Opus Dei, fue condenado sin pruebas, y que el proceso judicial en su contra fue, cuanto menos, irregular.

Buena lectura.

Yanelis Tovar

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ESTE ARTÍCULO SE PUBLICA EL 2 DE ABRIL DE 2025, 20 años desde el Dies Natalis de San Juan Pablo II ACTUALIZADO EL 23 DE AGOSTO DE 2025

"En el Supremo creemos que Chema Martínez es inocente" - juez Marchena

Para comenzar, el caso contra Chema Martínez, exprofesor del Colegio Gaztelueta del Opus Dei en Bilbao, España, se sostiene únicamente en la palabra de la supuesta víctima, sin testigos, sin pruebas forenses, sin corroboración independiente. Todo el peso de la acusación cayó sobre una sola fuente —y es, además, la parte querellante. A esto se suma que en el procedimiento civil se violó de forma flagrante la presunción de inocencia. El propio Tribunal Supremo reconoció deficiencias graves en la valoración de la prueba y redujo la condena de 11 a 2 años, contradiciendo su propia jurisprudencia. ¿Y entonces?

Entonces Chema Martínez no es culpable. Jurídicamente, no se probó nada. Y si es inocente —como se admite en voz baja en los pasillos del poder judicial—, y como sostiene él mismo, contra viento y marea, querrá decir que Juan Cuatrecasas y su entorno mintieron.

Nuestro compañero Jordi Picazo lo ha documentado con rigor en su libro Operación Opus Dei: Omella, Arana y Cuatrecasas iniciaron el complot en 2014 desde Logroño. La obra desnuda una operación de largo aliento, con actores eclesiásticos, políticos y mediáticos que utilizaron el caso Martínez como punta de lanza para debilitar el carisma laical. La encuentras enlazada en este site.

Un proceso que no resistiría un examen básico de legalidad

La reciente columna de Benigno Blanco en ABC del 2 de abril de 2025 —jurista, ex secretario de Estado y voz reconocida en el debate público— confirma con precisión quirúrgica lo que en este Blog hemos venido documentando: el caso contra Chema Martínez no solo fue irregular en sede civil, sino que su reedición en sede eclesiástica constituye un auténtico despropósito jurídico y moral, amén de un delito y un crimen.

Blanco describe, con el peso de quien conoce la maquinaria legal por dentro, cómo el hasta ahora obispo de Teruel trasladado a Málaga José Antonio Satué, actuó como juez de un tribunal ad hoc, fuera de los cauces previstos por el derecho canónico y los propios estatutos del Opus Dei, reabriendo un caso ya juzgado y resuelto en la jurisdicción canónica con absolución por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Lo hizo además aplicando normas creadas específicamente para este caso, de forma retroactiva y sin competencia predeterminada, negando al acusado la posibilidad de presentar la mayor parte de sus pruebas y prohibiéndole ser defendido por los abogados de su elección.

El jurista recuerda que este proceder viola principios elementales de la Declaración Universal de Derechos Humanos —presunción de inocencia, juez neutral, irretroactividad de la ley penal, prohibición de doble enjuiciamiento—, principios que la propia Iglesia Católica reclama a los Estados del planeta y que, en este caso, ha ignorado en su propio ámbito. Llega a afirmar que, si semejante actuación proviniera de un gobierno, no dudaría en calificarla de totalitaria.

Este dictamen moral y jurídico de Blanco se alinea con lo que fuentes internas del Tribunal Supremo español han reconocido: que José María Martínez fue condenado sin pruebas, primero por una sentencia civil que el propio Supremo tuvo que corregir, y después por un proceso eclesiástico manipulado desde la cúpula vaticana prometiendo el msmo Papa en un programa en televisión a la acusación particular que se encargaría personalmenbte del caso.

El resultado no es solo la injusticia infligida a un hombre concreto, sino un precedente alarmante de cómo se puede instrumentalizar el derecho para servir a una agenda política y eclesial ideologizada. Sin embargo, la condena de Martínez, aun reduciendo el Tribunal Supremo de Esapaña el monto inicial de 11 años de condena aplicados por la Audiencia Provincial de Vizcaya a 2 años, parece a todas luces un acto de cobardía. ¿De quién tienen miedo los jueces del Tribunal Supremo de España, para claudicar, desoyendo los dictados del Derecho y de la Declaración Universal de Derechos Humanos?

En suma, la voz de Benigno Blanco no es un eco aislado, sino la confirmación pública de que la causa contra Chema Martínez es un caso paradigmático de violación de derechos fundamentales en el seno de la justicia española y en la Iglesia del papado de Francisco.

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