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Nuestra Entrevista Exclusiva a la Víctima Javier Alcántara: El Ascenso de Pedro Aguado en Huesca-Jaca y la Red de Sexo y Encubrimientos en Aragón
- jacquespintor
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Actualizado: hace 4 horas
Aguado Cuesta, antiguo superior general de los escolapios y ahora obispo de Huesca-Jaca, España.
“La esencia del periodismo es dramática. El periodista auténtico oculta lo suyo y revela lo ajeno; reúne en sí las vibraciones dispersas y las transmite; semejante al cómico, desaparece bajo la realidad que nos transfiere.”
En un Aragón eclesial marcado por silencios, ascensos inexplicables y vínculos que nunca se investigaron, la voz de Javier Alcántara irrumpe con fuerza en un territorio donde el encubrimiento dejó de ser anomalía para convertirse en sistema. Su testimonio desmonta la narrativa oficial y expone cómo se ha sostenido durante años una estructura de impunidad clerical que protege a los mismos de siempre. La llegada de Pedro Aguado como obispo de Huesca-Jaca no es un misterio: es una señal. Desde Zaragoza hasta los valles pirenaicos, la impunidad clerical se ha vuelto estructura de poder. La voz de Javier Alcántara abre la primera grieta real en ese muro.
Buena lectura.
Jacques Pintor
ESTE ARTÍCULO SE PUBLICA POR PRIMERA VEZ EN 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
EN ESTA ENTRADA:
- Habla Javier Alcántara
- Dos entrevistas en vídeo a la víctima desde MéxicoAscenso de Pedro Aguado en Huesca-Jaca y la Red de Sexo y Encubrimientos en Aragón
La llegada de Pedro Aguado a la diócesis de Huesca-Jaca no es un movimiento inocente ni casual. Resulta especialmente llamativo si se observa el mapa eclesial de Aragón, donde las diócesis de Zaragoza, Teruel-Albarracín y Huesca-Jaca permanecen, como muestra nuestra investigación, bajo la influencia del cardenal Juan José Omella. Solo Tarazona, pese a pertenecer a la provincia eclesiástica de Zaragoza, escapa a este esquema; su obispo es una figura discretísima, prácticamente ausente del debate público, ajeno a la exposición mediática que acompaña a sus vecinos episcopales.
En Aragón se acumulan casos que dibujan un patrón de impunidad clerical sostenida por una estructura de silencios. En Zaragoza, sacerdotes implicados en sexting continúan en ejercicio; uno de ellos, denunciado por enviar imágenes indecentes a un laico, llegó a juicio y evitó consecuencias mediante un acuerdo de perdón ratificado en sala. Sigue confesando en la Basílica-Catedral de Nuestra Señora de El Pilar. También se encuentra el caso de Ignacio Ruiz, responsable de patrimonio de la Seo, denunciado internamente por otros canónigos por conductas impropias hacia hombres jóvenes. Lejos de abrirse un proceso, fue ascendido a canónigo. La denuncia presentada en la Oficina de Prevención de Abusos de Aragón —centralizada en el actual rector del seminario, Javier Pérez Mas— tampoco produjo resultados.
En este contexto emerge la pregunta inevitable: ¿qué sostiene este entramado? ¿Quién tiene a quién en jaque? Casos como el del sacerdote Gonzalo Ruipérez, con dos hijos de dos mujeres distintas cuyos descendientes fueron admitidos en el seminario de Madrid y ordenados bajo identidades distintas, abren interrogantes sobre qué relaciones, presiones o pactos tácitos operan en la diócesis ya no solo de Zaragoza, o sus colindantes aragonesas, sino españolas en general.
VER TAMBIÉN: CARDENAL ARZOBISPO DE MADRID OCULTÓ DENUNCIAS CONTRA SU CURA AMANTE DE MUJERES VULNERABLES, PADRE DE DOS HIJOS
La figura de la responsable de la Defensa del Vínculo en la Diócesis de Zaragoza y su relación histórica con el cura Gonzalo Ruipérez (padre de dos hijos de dos mujeres distintas y amante de 9 años de una trabajadora de la parroquia, mientras daba charlas en un centro de curas del Opus Dei), alimenta las hipótesis sobre por qué determinadas conductas, estructuras y figuras permanecen intocables. Explicaría esta omertá como equilibrio de compromisos, por ejemplo, la protección al sacerdote envuelto en drogas en un piso de la diócesis, y sexo en locales swing homosexuales: Enrique Ester. También explicaría la pervivencia de los grupos de presión dentro del clero zaragozano que llevaron a guardar en un cajón el informe sobre el escándalo de la Trama Maña que pasó por las manos del ahora canónigo y ex vice rector del seminario, sacerdote diocesano miembro del Opus Dei y señalado como jefe del lobby gay de Zaragoza José Antonio Calvo.
Volver sobre el culebrón de la diócesis de Huesca-Jaca sirve para cerrar el círculo. Allí, el obispo anterior a Pedro Aguado Cuesta, Julián Ruiz Martorell, ordenó a un joven cuya vida sexual previa, documentada por el segundo seminario por el que pasó, el castrense en Madrid, incluía prácticas en locales de intercambio y alcohol antes de la mayoría de edad. Tres años después, lo promovió a cargo público. La pregunta vuelve a aparecer: ¿cuántos episodios similares reposan en silencio en los archivos de estas diócesis?
Sobre este trasfondo —una estructura episcopal con fallas sistémicas, silencios deliberados y un historial acreditado de encubrimientos— se inscribe ahora la figura de Pedro Aguado. Su llegada a Huesca-Jaca es un movimiento que merece ser leído a la luz de todo lo anterior. Y es desde este marco que cobra especial relevancia esta entrevista exclusiva conducida por nuestro compañero Jordi Picazo con el mexicano Javier Alcántara por conferencia telefónica, una de las víctimas cuyo caso abre grietas profundas en el relato oficial.
Habla Javier Alcántara
JAVIER ALCÁNTARA –En el caso de Pedro Aguado, ahora los amigos de El País ayudaron a sacar un artículo nuevo donde se demuestra que [Aguado] encubrió durante nueve años a un sacerdote, a mi agresor. Ese dato yo no lo conocía hasta hace poco, cuando todo ya estaba denunciado y cuando Pedro Aguado [ahora nombrado obispo en España] decidió callarlo. Eso abre un panorama enorme para la investigación mediática, aunque no tanto para la justicia penal o civil, porque —como me dijo mi propio abogado— judicialmente el caso está casi agotado.
Ahora mismo, mi principal herramienta es exhibirlos públicamente. Ya tengo una carpeta de investigación en la fiscalía. He dado mi testimonio en medios: salí [en las ondas] con Azucena Uresti, ahora en El País y en Los Ángeles Press. Desde España me buscaron también de RTVE. El caso reciente del testimonio del padre Baltazar es clave. Tengo audios donde él dice que su obispo ya le ordenó callarse. Subí solo un fragmento por lo delicado del tema, pero ahí se ve claro: ya fue silenciado, recibió una llamada “de arriba” y le advirtieron que podía perder hasta su incardinación a la diócesis. Yo, en cambio, no me voy a rajar. No me voy a echar para atrás. Quiero llegar hasta el fondo, no solo por mí: hay más víctimas.
Mi agresor fue el padre Miguel Flores. Quiero entender qué relevancia tienen su caso, José Antonio Satué [obispo promorot de homosexuales al clero] y Pedro Aguado en una misma trama. Es cuestión de hilar el rompecabezas: Pedro Aguado fue consultor de un dicasterio en Roma, estuvo metido en política eclesial, tenía poder y sabía lo que pasaba. Yo publiqué un tuit preguntando cómo era posible que Pedro Aguado fuera juez y parte en todo esto. Y cuando sale el nombramiento de Pedro como obispo (29 de marzo de 2025), [el Papa] Francisco prácticamente ya estaba muriendo; fallece 23 días después, el 21 de abril. Para entonces, Francisco ya ni estaba al tanto; o firmaba los nombramientos casi de rutina. Una vez que son obispos, en la práctica se vuelven intocables.
JORDI PICAZO –Habría que revisar a fondo la relación entre José Antonio Satué —ocho años en el Dicasterio para el Clero— y Pedro Aguado, ambos ya denunciados ante autoridades civiles. El hecho de ser obispos parecería que les da una imagen de aforados, pero no es así. Se trata de una cultura de impunidad criminal.
JAVIER ALCÁNTARA –Y, no es solo mi caso. Pedro Aguado estuvo al frente de la Orden [de los padres escolapios] durante 15 años. Hay otros casos documentados. En Colombia, por ejemplo, otro periodista ha identificado al menos tres casos validados de sacerdotes españoles escolapios que hicieron mucho daño allá. Había más, pero estos tres están acreditados. Y los callaron: cuando estaban a punto de declarar, desaparecieron.
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JORDI P. –¿El padre José Miguel murió en España, o no?
JAVIER A. –Y no, murió en México. Y ahí hay otra inconsistencia. Miguel estuvo un año en España, hacia 2012–2013. Luego lo regresan a México y le dan obediencia para irse a Ecuador, a Santo Domingo de los Tsáchilas o de los Colorados, es la misma zona. Desde entonces casi no tuve contacto con él, hasta que yo caigo en las drogas. Es en 2017 cuando me internan, empiezo mi reconstrucción y decido denunciarlo. Lo hice tarde, sí, yo mismo pienso que debí denunciar antes, pero ahí entra la manipulación de la Iglesia.
Pedro Aguado me dijo: “Tranquilo, si sale la sentencia a tu favor, yo mismo lo voy a denunciar civilmente; es lo propio”. Yo no conocía el contenido del motu proprio del Papa —Vos estis lux mundi— ni el alcance de esa normativa. Confié en su palabra. En 2020 sale la sentencia del Vaticano contra el padre Miguel: le quitan el estado clerical y lo expulsan de la Orden. Pedro afirma que desde 2018, cuando tuvo conocimiento de los hechos, lo sacó de Ecuador y lo mandó a un monasterio en Peralta de la Sal, en España. Ahí empiezan las contradicciones: nunca estuvo en Peralta de la Sal, sino todo el tiempo en Ciudad de México. Lo sacaron de Ecuador, sí, pero lo trajeron a México y lo mantuvieron cerca de niños y jóvenes.
JORDI P. –¿Cómo sabes que nunca estuvo en España?
JAVIER A. –Porque tengo fotos y porque Pedro [Aguado] se delató. Cuando a mí me dan mi plan de vida, Pedro me pregunta: “¿Estarías dispuesto a que te encare ahora mismo con el padre Miguel y repetirle en su cara lo que me dijiste?”. Le respondí que sí. Entonces se le sale decirme: “Es que está en la casa provincial, aquí en México”. Yo le contesto: “¿No que estaba en Peralta de la Sal, en vida contemplativa?”. Él intenta corregir diciendo que lo tiene “aislado”, en “vida contemplativa”.
Además, un amigo escolapio español, que me conoce desde niño, me dice cuando estoy en Veracruz —adonde me mandan a estudiar y trabajar—: “Vi a tu padrino”. Él no sabía nada de los abusos. Me dice: “Está en Tlaxcala”. Ahí empiezo a investigar: descubro que Miguel tiene cuenta de Facebook, fotos con niños y jóvenes, dando misa, en una iglesia, en el Colegio Morelos de los escolapios. Vuelvo a preguntar a Pedro: “¿No que estaba en Peralta, aislado?”. Tengo todos esos correos.
Todo esto se conecta con la relevancia de las diócesis de Huesca y Jaca. El obispo anterior a Pedro —no Vicente, el anterior, uno flaquito con gafas [, Ruiz Martorell]— también tiene acusaciones relacionadas con ordenaciones de candidatos no aptos. Es un patrón: se cubren entre ellos, obispos y sacerdotes.
JORDI P. –Hasta el cardenal prefecto del dicasterio para la Doctrina de la Fe está señalado por encubrimiento en otros casos.
JAVIER A. –Yo siento que conmigo pesa más la exposición pública que la vía judicial. El mismo Ministerio Público me dijo: “Ya llegó la orden de arriba, soltaron dinero, y tu carpeta se archivó”. Salí en televisión y aun así la archivaron. Lucho para que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República. Es una batalla cuesta arriba: incluso con Derechos Humanos estoy peleando; no quieren actuar, pese a dictámenes donde consta cómo me destruyeron la vida, mis enfermedades psíquicas, el daño profundo.
Ni siquiera me han querido mostrar la sentencia completa del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Mi agresor siguió celebrando misas con jóvenes. Dicen que fue solo una misa: no es verdad. Tengo fotos de varias fechas, en obras escolapias, al frente, como si nada. En México el delito de encubrimiento existe, pero no hay quien lo aplique. Estoy luchando con el testimonio del padre Baltazar para probar el encubrimiento de Pedro Aguado. Mi mamá fue quien habló primero con Pedro, porque yo estaba internado en un centro de rehabilitación en 2018. Ahí es cuando presentamos la denuncia canónica. Pedro citó a mi madre, habló con ella, y le aseguró que haría todo “lo propio” según sus cánones —entiendo ahora que se refería al motu proprio Vos estis lux mundi— y que, si Miguel resultaba culpable, él mismo lo entregaría a las autoridades civiles.
Se supone que a España lo mandan al padre Miguel [Flores] desde que sale de Ecuador, en 2018. En teoría, tuvo medidas cautelares desde 2018 hasta 2020, cuando “muere”. Pero lo que sí sabemos es que nunca estuvo en Peralta de la Sal, salvo que me enseñen el pasaporte con el sello de entrada a España y el de salida en 2020.
En meses recientes, un periodista colombiano, Miguel Estupiñán, me contacta. Me dice que tiene una investigación sobre escolapios españoles que abusaron de menores en España y Colombia, desde los sesenta hasta los dos mil. Son tres sacerdotes españoles, con decenas de víctimas. ¿Qué relevancia tiene Pedro Aguado ahí? Que esos casos se denuncian ante los escolapios en Cataluña y los escolapios no hacen nada. El provincial en Barcelona, se llama Jordi, recibe la denuncia de un joven en 2015. Cuando la justicia está a punto de tomarle declaración formal, el caso desaparece.
JORDI P. –Muy parecido a lo que ocurrió en Zaragoza, donde un sacerdote que enviaba mensajes indecentes pidió perdón justo antes del juicio y siguió confesando en la catedral.
JAVIER A. –La noticia pues le llega a Pedro Aguado, entonces general de los escolapios. Atiende al denunciante por teléfono, le promete atención, y luego desaparece: no responde más.
JORDI P. –Es decir, este muchacho primero busca al provincial y no obtiene respuesta. Luego busca a Pedro Aguado como superior general, él lo escucha por teléfono, le dice que todo saldrá bien, y después corta cualquier comunicación.
JAVIER A –Exacto. Por eso, en México y en Colombia queremos demostrar que el modo de actuar de Pedro Aguado es siempre el mismo. No es un caso aislado en México. Hay también un misionero escolapio español en Senegal, acusado de abusar de muchos niños y jóvenes desde los años noventa hasta 2005. Ese caso también lo mantuvo encubierto. Pedro apagaba fuegos, pero en el fondo dejaba todo en encubrimiento.
Nunca presentó denuncias ante la justicia civil contra ninguno de estos sacerdotes, pese a la obligación que marca la normativa de la Iglesia. Todo quedó dentro, incluso traicionando el motu proprio Papa Francisco Vos estis lux mundi del , que es muy claro: si la sentencia vaticana declara culpable a un sacerdote, hay obligación moral y civil de denunciarlo a la policía del lugar donde ocurrieron los hechos.
Yo le comunico todo esto a Pedro. Él “separa” al padre Miguel, me muestra la sentencia el 8 de octubre de 2020, y yo me quedo tranquilo porque me dice: “El padre Miguel ya está apartado, ya no está cerca de nadie. Yo voy a procurar que no esté cerca de la gente, ni dé misas, ni tenga trato con jóvenes. Está en México, en casa de su mamá; trataré de que lleve una vida civil, pero siempre guardado”.
Después me avisan que supuestamente muere. Entro a Facebook y veo que el padre provincial, Fernando Hernández —que sigue siéndolo hoy— asiste a la misa de funeral. No puedo afirmar que esté vivo o muerto, pero hay una inconsistencia grave que ya te contaré con más detalle. En la universidad escolapia de Veracruz publican una esquela que dice “Padre José Miguel Flores Martínez”. Pienso: podrían haber puesto solo “Miguel Flores, exescolapio” o “señor Miguel Flores”. Pero lo presentan como sacerdote escolapio. Ahí están reconociendo que siguió siendo cura hasta el final. Casi lo canonizan. Que fue un excelente sacerdote, etc.
Vuelvo a preguntar a Pedro qué está pasando. Me responde que fue “un error”, que ya habló con Fernando, que me ofrecerán disculpas. Siempre tratándome como si fuera tonto.
Con el tiempo, veo que no cambia nada: Fernando sigue de provincial, Miguel aparecía en contextos de total impunidad. Decido cortar toda comunicación con Pedro, dejo de responderle correos y presento denuncia penal.
Denuncio a Miguel Flores por violación agravada, y también denuncio a Pedro Aguado, a Fernando Hernández y a José Luis Sánchez, ecónomo que me pagaba los estudios en la universidad escolapia. Presento la denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México. Admiten la carpeta, pero solo como violación agravada contra Miguel, no por encubrimiento institucional, que es lo que a mí más me interesaba.
Me asignan un abogado de oficio. Él me dice que la Fiscalía no quiere aceptar el encubrimiento, que costó mucho que siquiera me abrieran la investigación. Al final, solo consignan la violación agravada contra Miguel, aunque yo aporté los nombres de Pedro, Fernando y el ecónomo. Hay gente dentro de la fiscalía que está con la Iglesia. Mi abogado me advierte: “Si logran demostrar que Miguel está muerto, ahí se acaba todo”.
Vuelvo a los dos o tres meses a preguntar: “¿Cómo va mi caso?”. La respuesta es: “No hay nada. Seguimos esperando copia del acta de defunción del padre Miguel”. No llega esa acta. Si no llega, para mí significa que está vivo, y debería librarse orden de aprehensión.
Desde el inicio busqué a la activista Ana Luz Salazar. Ella me dijo que me apoyaría. Empiezo a salir en medios: primero en Los Ángeles Press, como anónimo; luego con Azucena Uresti, también anónimo, por teléfono. Cuando vemos que la carpeta está detenida, decido dar la cara, con nombre y apellido, y denunciar también públicamente a la fiscalía por su inacción. Salgo en su programa, y el caso comienza a tomar fuerza. Luego aparezco en otros periódicos y, finalmente, contacto con la Comisión de Abusos de El País. Les envío todos los documentos y publican el reportaje.
Varias veces los abogados de los escolapios han intentado coaccionarme. Se presentan como arrepentidos, muy interesados en ayudarme. Buscan a mi abogado y le dicen, literalmente: “¿Cuánto quiere el muchacho para que pare todo esto?”. Yo respondo que, si hablamos de una reparación integral, ésta debe tener varios puntos: basarse en los dictámenes médicos y psicológicos, que los peritos fijen la cantidad, y que, además, haya una disculpa pública. Tienen tiempo para congresos, comunicados y discursos, pero nunca tuvieron tiempo para hacerme llegar una disculpa ni de Fernando, ni de Pedro, ni de nadie. Al contrario, insisten en que “hicieron todo bien”.
Le pido a mi abogado que incluya una cláusula clara: yo no voy a renunciar a mis derechos civiles ni penales. Hace poco vuelvo a la fiscalía… y mi carpeta había “desaparecido”. Enfrento al fiscal: llevaba seis meses parada. El delito de encubrimiento prescribe en un año. Ya habíamos consumido la mitad del plazo. Exijo hablar con la fiscal general. Me recibe su asesor. Pero mi abogado me recuerda que hay gente del clero moviéndose dentro de la fiscalía para que la carpeta se mantenga congelada. Te dicen: “No hay avances”, y ya.
Yo tengo la prueba reina: el testimonio del padre Baltazar Sánchez. Con su declaración y con mi testimonio de 2018, el encubrimiento queda claro. Pedro Aguado no viene de cualquier lado: viene de Roma, fue responsable del Dicasterio para la Educación y general de los escolapios. Siempre estuvo en el oído del Papa Francisco. El padre Baltazar tiene derecho a negarse a declarar, pero él mismo hizo público que había informado a Pedro de dos casos antes del mío. Dio permiso para que su nombre saliera en El País. El problema es que su obispo —también acusado de encubrimiento— le llamó para mandarlo callar. Como Baltazar es escolapio y está incardinado en una diócesis, su estabilidad depende de esa estructura. Primero quiso hablar, ahora se retrae porque le jalaron las orejas.
Eso también es delito: seguir encubriendo. Aunque se retracte, ya no hay marcha atrás: él ya habló públicamente. Es información de dominio público. Y con eso, vamos a seguir. No pienso detenerme.
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NOTA DE LA REDACCIÓN: Como explica y rectifica la víctima a la entrevistadora, el cura agresor era escolapio, no en este caso legionario de Cristo.
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