J.A. SATUÉ, NUEVO OBISPO -¿CÓMPLICE DE OCULTAMIENTO CRIMINAL EN EL VATICANO?- PARA TERUEL

Satué, nuevo obispo para Teruel, España a la izquierda, aupado por el oscuro cardenal Stella (en el centro)

El primer fruto de la Visita encargada por Francisco a la Congregación para el Clero, es el nombramiento-premio-candado para el secretario de Stella como nuevo obispo de Teruel, España. Satué se lleva a su tumba los secretos pecaminosos de Stella y Omella


En una Entrada reciente explicábamos cómo el cardenal Stella había sido informado al detalle de las torpezas del ahora cardenal Omella en la "trama maña" desde su explosión a finales de 2014, quedando sin embargo Omella tan impune como el mismo Stella al ir quedando cada vez más claro que todo fue un ardid de los dos, "Stella el cerebro", y "Omella el fontanero" y con notoria falta de talento.

En esta Entrada de hoy mostramos el último documento del abogado del Rvdo. Miguel Ángel Barco dirigido a la Congregación del Clero, y echándoles en cara su ocultación de los datos ofrecidos por la defensa del Rvdo. Barco, además de haber dejado a Barco en la total indefensión vulnerando todas las normas de cualquier ordenamiento jurídico habido y por haber. Y en Roma se quedaron tan anchos.

Buena lectura. Jacques Pintor

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EN ESTA ENTRADA:
- José Antonio  Satué, premiado con el episcopado, ¿y un voto de silencio ante una cruz invertida?
- Comunicaciones del primer letrado del Rvdo. Barco al cardenal Stella, nunca respondidas - facsímil
- Transcripción

José Antonio Satué, premiado con el episcopado, ¿y un voto de silencio ante una cruz invertida?

José Antonio Satué substituyó (abril de 2015) al sacerdote del Opus Dei Ángel Arrébola como secretario del cardenal Stella cinco meses después del aplastamiento de Don Manuel Ureña (efectivo en noviembre de 2014). Arrébola fue echado al pozo de una parroquia sin relieve en Casetas, a unos 20 minutos de Zaragoza, parroquia a la que, no nos referimos a ello, el todavía desde ese momento párroco le dará todo el brillo que merece. También se desempeña como procurador de justicia de la arquidiócesis de Zaragoza.

José Antonio Satué fue el primer lector y el "archivador" o "pirómano" sobre los documentos que llegaban a la Congregación para el Clero sobre el Rvdo. Barco. Y era perfecto conocedor del desconocimiento que el Papa Francisco ha tenido sobre todo el asunto, hasta el punto de haber llevado al pontífice argentino al punto más crítico en la gestión de Francisco sobre su propio papado, el punto de no saber lo que se ha hecho en su nombre y tener que entrar como un huracán en la Congregación cuando se dio cuenta que él mismo aplastó al ahora arzobispo emérito de Zaragoza Don Manuel Ureña con una razón equivocada, un burdo complot de Arana y Omella contra los tradicionalistas en España.


Comunicaciones del primer letrado del Rvdo. Barco al cardenal Stella, nunca respondidas

Se le han hecho a Stella preguntas claras, como que si Omella fue realmente "premiado"con la sede cardenalicia de Barcelona por todas las argucias de poder que montó a su paso ayudando a "limpiar" las diócesis de obispos demasiado "tradicionalistas" como Ureña. Vemos que todavía Arana y Omella están con ello, llegando sus últimas actuaciones a los recientes nombramientos en Almería y Teruel. Ninguna respuesta, ninguna es ninguna, recibió el primer abogado del Rvdo. Barco, Aquí ofrecemos sendas comunicaciones en las que el letrado llega a echarle al prelado en cara su falta de honestidad y de educación, y a cuestionarle si cree en Cristo y en su muerte redentora en Cruz. Debidas eran en justicia las respuestas, puesto que las preguntas las formulaba el letrado del Rvdo. Barco como lícito interlocutor en un proceso contra Barco que nunca existió y que fue una burla en toda regla a la razón y a Dios Nuestro Señor.

Les dejamos con los documentos de hoy. Puede constatarse que mientras las comunicaciones del abogado del Rvdo. Barco al hasta ahora prefecto de la Congregación del Clero Beniamino Cardenal Stella quedaban enmarcadas entre las fechas 9 de junio de 2015 (un mes después de la expulsión de Roma del hasta ese momento secretario de Stella, y nombramiento del ahora premiado con el episcopado) y 18 de abril de 2016; esta carta es de 21 de marzo de 2017 saliendo al paso de la no consideración de la defensa de Barco ante el organismo relevante para oírla, y la no respuesta por parte del dicasterio pertinente, lo que supone, resumiendo, un pecado grave contra las principales virtudes, cometido por un alto rango de la curia vaticana en nombre de su santidad el papa sin este saberlo.




El texto de este documento

Fernando Valero Sánchez
Xxxxxxxx, Zaragoza 

At D. Jöel Mercier 
Congregación para el Clero
Ciudad del Vaticano

Comparece Fernando Valero Sánchez, abogado en ejercicio colegiado, a requerimiento del presbítero don Miguel Ángel Barco López (DOCUMENTO UNO), con el objeto de que pueda ejercer su derecho a la defensa, según carta de la Congregación para el Clero de fecha 12 de enero de 2017, recibida el 24 de febrero pasado, de manos de don Juan José Omella Omella arzobispo de Barcelona, y procede hacer las siguientes manifestaciones jurídicas:

ANTECEDENTES:
	I. Que don Miguel Ángel Barco fue acusado, por familiares de una madre soltera,  ante su entonces obispo (Sr Catalá), de una supuesta paternidad en el año 2006, siendo  párroco en Rivas- Vaciamadrid, la que nunca reconoció, y aportó para su esclarecimiento toda la documentación y testimonios que le fueron posibles en aquellas fechas, mostrándose su entonces obispo satisfecho por las explicaciones recibidas. Dicha sospecha,  no fue impedimento para que pudiera posteriormente ejercer libremente su ministerio sacerdotal hasta el año 2015, cuando con posterioridad al escándalo mediático surgido en la diócesis de Zaragoza (noviembre del 2014), se utiliza como argumento para intentar la secularización de dicho presbítero, si bien intentando inicialmente que acceda de forma voluntaria.
	II. Que debido a dicho escándalo mediático, el Sr Barco ha sufrido una gran estigmatización social, pues la prensa le hizo sospechoso de unos supuestos abusos sexuales a un  diacono adulto a su cargo, demostrándose con el paso del tiempo, que precisamente la causa del escándalo estuvo motivada en el irregular proceder de algunos miembros de la Iglesia [1], por no existir acusación formal previa en la jurisdicción penal ordinaria [2], ni siquiera ante las autoridades eclesiásticas, por parte del supuestamente perjudicado, más allá de un  escrito de manifestaciones, [3] de procedencia y motivación incierta, ni por lo tanto ulterior proceso. 
	Que la aplicación de la pena canónica ahora propuesta (secularización), lejos solventar escándalo o daño alguno, se está de forma artificiosa, haciendo socialmente culpable al reo de los supuestos “abusos” que originaron el mencionado alboroto y que todavía es latente, por no existir a la fecha percepción social que se le relacione con paternidad alguna, ni acusación de los posibles interesados (madre e hija).

SOBRE LA SUPUESTA PATERNIDAD:
	A) Que según el canon 1362.1.2, la acción por el delito canónico que se le acusa, habría prescrito a los cinco años (febrero del 2012), si bien se deciden utilizar las facultades especiales concedidas el 30 de enero del 2009, para eludir dicha prescripción.
	B) Que la aprobación de las facultades especiales en el 2009, supuso dotar a la autoridad eclesiástica, de unos medios extraordinarios, para situaciones en las que el código canónico no era capaz de afrontar. No obstante, en el presente caso, donde se dejó por parte de la Curia intencionadamente concluir los plazos de prescripción ante una supuesta paternidad, evidencia lo inadecuado del procedimiento de secularización ex officio, pues para ello no hubiera sino necesario instaurar canónicamente este procedimiento novedoso y excepcional, evidenciándose una vez más la verdadera intención en este proceso, “hacer culpable” al Sr Barco de los “abusos” indicados, sin ni siquiera abordarlos. 
	C) Que llama  además poderosamente la atención, que se use para imponer una pena, una concesión a la Congregación,  posterior a la comisión supuesto “delito canónico”. Es decir que si  se hubiera cometido el embarazo en el 2006, se usa retroactivamente una norma del año 2009, para proceder al castigo ahora propuesto, algo que desde el punto de vista del derecho penal  y administrativo sancionador moderno, sería insostenible, por basarse en el principio de  irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables. En este sentido el código de Derecho canónico, establece en su artículo 16.2 que: La interpretación auténtica manifestada en forma de ley tiene igual fuerza que la misma ley, y debe promulgarse; tiene efecto retroactivo si solamente aclara palabras de la ley de por sí ciertas; pero si coarta la ley o la extiende o explica la que es dudosa, no tiene efecto retroactivo. 
	Estableciéndose así,  que la voluntad canónica históricamente, también ha sido aplicar la irretroactividad como principio general. Además la aprobación de las facultades especiales, supuso la derogación de varios cánones (Cc. 1317, 1319, 1342 § 2, y 1349) y sin embargo no del que prohíbe la retroactividad desfavorable. 
Desde una sana concepción del principio de irretroactividad de la norma desfavorable, en comunión con el uso de las “facultades especiales”, podríamos considerar que estas serían aplicables para hechos delictivos de los que se hubiera tenido conocimiento posteriormente a su entrada en vigor, pero nunca para los que ya en su día se dirimieron y prescribieron, máxime en este caso, en el que no se prueba ni menciona por parte de la Congregación en su escrito de acusaciones, la existencia de escándalo actual alguno relacionado con la paternidad.
	D) Que en este caso se infringiría el canon 1399, ya que este indica que aparte de los casos establecidos en ésta u otras leyes, la infracción externa de una ley divina o canónica sólo puede ser castigada con una pena ciertamente justa cuando así lo requiere la especial gravedad de la infracción y urge la necesidad de prevenir o de reparar escándalos. Es decir, se exige la concurrencia de la infracción y la necesidad de prevenir o reparar escándalos,  y  bien le consta a este Dicasterio, que lejos de prevenirse o repararse escándalo alguno, en cuanto que no existe madre ni hija que reclame paternidad, en caso de aplicarse la pena, el efecto sería incluso  el contrario. En este mismo sentido, matizar que es precisamente la razón de ser de las facultades especiales, la de prevenir de escándalos a la Iglesia. Así el canon 1341, dispone la acción penal se ejercerá una vez hayan resultado inútiles los medios pastorales dirigidos a la reparación del escándalo, el restablecimiento de la justicia y la enmienda del reo. En este caso, donde el supuesto padre vive en Barcelona, a más de 600 kilómetros de la supuesta hija y su madre, además de no ser reclamada tal paternidad por los legitimados, así como el tiempo transcurrido,  no se presume ni se demuestra escándalo actual alguno, relacionado con las sospechas surgidas hace más de 10 años. Del mismo modo que no se supone que se haya considerado necesaria ninguna enmienda cuando se le ha permitido libremente al reo realizar su actividad pastoral, durante los años posteriores al alumbramiento.
	Es obvio, que el objeto del procedimiento de las facultades especiales, tiene como finalidad el llegar a una decisión rápida clara y grave, que el escándalo de un supuesto delito (sobre todo de abuso de menores), provoca en la comunidad eclesial. 
	En concordancia con todo ello  se ha establecido que el Ordinario presente una [4]: “Relazione sull’impossibilità o l’estrema difficoltàdi seguire la via ordinaria, graziosa o giudiziaria penale, corredata dalla documentazione comprovante tutti i provvedimenti previsti dal Codice (cfr.cann. 1339; 1340; 1347 § 1; 1331-1333 CIC) ed i tentativi pastorali esperiti da parte dell’Ordinario per dissuadere il chierico contumace”, circunstancias que no se dan en este caso, produciendo la posible secularización un grave daño y perjuicio al Ordinario y una difícil adaptación del presbitero a la vida secular, por todo el perjuicio contra su imagen causado, como consecuencia de los hechos acontecidos en el año 2014.
	E) Además en este sentido, sería también improcedente la pena según el canon 1345, que indica que: Siempre que el delincuente tuviese sólo uso imperfecto de razón, o hubiera cometido el delito por miedo, necesidad, impulso de la pasión, embriaguez u otra perturbación semejante de la mente, puede también el juez abstenerse de imponerle castigo alguno si considera que de otra manera es posible conseguirse mejor su enmienda. 
	F) Que la legitimación en el procedimiento de paternidad según el derecho común, derivado del derecho romano (fuente compartida con el derecho canónico), corresponde exclusivamente a la madre, al padre y al supuesto hijo [5]. En análogos términos también se pronuncia el canon 1501.

ESCRITO DE ACUSACIONES:
	Respecto a las burdas acusaciones que se recogen en el escrito que acompaña a la mencionada carta de la Congregación de fecha 12 de enero, indicar lo siguiente:
	1. Que no se aporta hechos ni acusaciones nuevas, a lo ya dirimido en la diócesis de Alcalá hace ahora 10 años, cuando el entonces Obispo Sr Catalá, da por buenos los argumentos del acusado, y se le permite seguir ejerciendo su ministerio. Se adjunta como DOCUMENTO TRES, carta de “licencias”, para ir en comisión de servicios a la diócesis de Zaragoza.
	2. Que se obvian las pruebas clínicas de paternidad que aportó doña  XXXX xxxx ante el Obispo de Alcalá con fecha 4/6/2015. Se adjuntan las mismas al presente escrito, como DOCUMENTO CUATRO así como certificado de recepción del mencionado prelado.
	3. Que llegado al momento actual de “estado de la ciencia” dichas pruebas, desvirtuarían cualquier acusación al Sr Barco basada en meras declaraciones de terceros.
	4. Que entiende esta parte, que el obviarse las mismas en el actual procedimiento, es debido: o bien a que se extraviaron y no llegaron a la Congregación, o a que no se les han dado la validez suficiente, resultando en ese caso procedente que este Dicasterio, proponga una clínica a su juicio  “neutral” para realizar las pruebas oportunas de paternidad.  En caso de acceder, informar que el abogado compareciente, ha conseguido convencer a doña xxxx xxxx, para que se preste a ello junto a su hija XXXX, si bien manifiesta que debido al agotamiento y hastío que todo esto le produce, por sentirse instrumentalizada, lo realizaría a condición de que fuese en una clínica en su lugar de residencia (Madrid), lo costease la Congregación, e hicieran constar fehacientemente una vez se obtuviesen los resultados, la voluntad de la Iglesia de exonerarla de cualquier implicación a su hija de paternidad alguna por parte de clérigos, alimentada por su condición de madre soltera. Tengan presente que la niña tiene ya 10 años, y es plenamente consciente de las pruebas clínicas a las que se le somete, lo que podría influir desfavorablemente en la voluntad que la progenitora ha asumido libre y legalmente de acogerse a los derechos que le corresponden como madre soltera.
	Que la prueba que se propone es la lógica, según establece canon 1574 (Se ha de acudir al auxilio de peritos siempre que, por prescripción del derecho o del juez, se requiera su estudio y dictamen, basado en las reglas de una técnica o ciencia, para comprobar un hecho o determinar la verdadera naturaleza de una cosa).
	5. Que las acusaciones reflejadas en el mencionado escrito, no pueden tenerse en consideración, por provenir algunas de personas que tienen  enemistad manifiesta hacia don Miguel A. Barco (Sr Ormazábal), además de contar con datos objetivamente falsos, que desvirtúan la totalidad de su contenido. En este sentido se indica que el sacerdote acusado dijo “Que desde hacía un año aproximadamente, o algo más, estaba teniendo una relación afectiva con una chica mayor de edad, 19 años, y que había tenido varias relaciones íntimas con ella y frutos de ellas, la chica estaba embarazada”. Teniendo en cuenta que la fecha de nacimiento de doña XXX XXX XXXX  es el XXXX1985 y la de su hija XXXX2007 se llega a la conclusión de que durante el embarazo tenía 21 y 22 años. Respecto al resto de testimonios, no tienen una vez expuestos los hechos que anteceden mayor credibilidad, tratándose en algunos casos, por ser manifestaciones oídas a terceros,  meros chismes, proceder  que tanto daño ha causado en los últimos años al acusado. En este sentido el Cc 1572.2 (Al valorar los testimonios, el juez debe considerar los siguientes aspectos, solicitando cartas testimoniales, si es necesario, si declara de ciencia propia, principalmente lo que ha visto u oído, o si manifiesta su opinión, o lo que es sentir común o ha oído a otros). Indicar que tras contactar esta dirección letrada con don Manuel Ureña, afirma que son falsas las afirmaciones supuestamente hechas por él y reflejadas en el escrito de acusaciones, prestándose voluntario para comparecer ante este Dicasterio con el objeto de prestar testimonio al respecto.
	6. Que dándose la circunstancias expresadas en el párrafo anterior, imprecisiones, anonimatos, enemistades y testimonios oídos a terceros, no pueden ser tenidas en cuenta, máxime cuando debido a la naturaleza del hecho juzgado pueden ser contrastadas mediante una prueba de ADN, tal y como se propone. Es por todo ello que no se produce si no la “tacha” o “invalidación”  de los testigos por parcialidad, que para mayor inri algunos son anónimos [6]. En este sentido el Cc 1554 establece: Antes de interrogar a los testigos, deben notificarse sus nombres a las partes; pero si, según la prudente apreciación del juez, no pudiera hacerse esto sin grave dificultad, efectúese al menos antes de la publicación de los testimonios. Procedimiento que se ha obviado en este caso y que anularía el mismo o al menos la validez jurídica de a esos testimonios.
	7. Por último indicar que de forma contraria a lo que este Dicasterio afirma, nunca ha existido un  supuesto procedimiento civil en la jurisdicción ordinaria instado por la familia XXXX para reclamar la paternidad a don Miguel A. Barco. Además en ese caso este hubiera sido emplazado y constaría números de autos judiciales, algo que esta parte ha comprobado que no existen. 
	En cuanto al supuesto “asalto sucedido a la casa del sacerdote”, matizar que este nunca sucedió en esos términos. Esta parte no va a negar que la condición de soltera de doña Rocío supuso cierto mal entendido.

DE LA NECESARIA REPARACIÓN AL PERJUDICADO, AHORA ACUSADO.
Con independencia del procedimiento por supuesta paternidad desarrollado utsupra,  en referencia al escándalo mediático sucedido a finales de noviembre del 2014 en la diócesis de Zaragoza;  afirmar que la torpeza en la actuación de algunos miembros de la Iglesia que evitaron tras unas meras y sospechosas manifestaciones de un tercero, seguir procedimiento y protocolo alguno, combinada con la mala fe de otros (pertinaces en la conspiración y contumaces en las filtraciones), fueron las verdaderas causas de dicho revuelo, que supuso que sin ninguna consistencia, acabasen la prá